La lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción

El año 2014 la ciudadanía conoció en Chile cómo los intereses de grandes grupos económicos se mezclaban con los de nuestros partidos políticos y representantes, distorsionando las decisiones y procesos a favor suyo y de sus billeteras. Caso Penta, SQM y Corpesca nos mostraron que el financiamiento irregular de la política, el cohecho y tráfico de influencias estaban destruyendo nuestra democracia.

Esta profunda identificación de nuestros representantes con quienes amasan fortunas en el mundo de los negocios tenía sus causas, entre muchas otras cosas, en un diseño institucional que generaba una gran dependencia de partidos y candidaturas de recursos provenientes del sector privado. Las deudas adquiridas en campaña, se pagaban en favores políticos. A esto se sumaba un marco jurídico curiosamente benévolo con los delitos de corrupción, generando impunidad.

Para enfrentar dichas causas, en Fundación Ciudadano Inteligente decidimos hacernos parte querellante en los juicios contra políticos y privados involucrados en los grandes escándalos de corrupción. Una mirada independiente del poder político y empresarial era necesario para monitorear procesos y luchar por sanciones efectivas contra poderosos acostumbrados a salir con la suya.

Paralelamente y durante años, trabajamos junto a Espacio Público con nuestro Observatorio Anticorrupción para atacar las causas institucionales de la corrupción en Chile: reducimos el gasto electoral, se prohibieron los aportes de empresa y reservados a campañas electorales, se crearon los fondos públicos para partidos políticos y se comenzó a sancionar penalmente el financiamiento ilegal de la política.

Luego de años de judicialización, los distintos casos de corrupción se han ido cerrando con, previsiblemente, pocos sancionados y gran impunidad. El hilo se ha ido cortando por lo más delgado y en medio de una maraña de eufemismos y tecnicismos legales, quienes eran responsables han vuelto a sus casa con la tarea de tomar clases de ética empresarial.

Ante este desenlace decidimos nuevamente pelear por mejoras profundas en nuestra institucionalidad y buscar garantías de que lo ocurrido no volvería a suceder. Impulsamos fuertes campañas comunicacionales, articulamos a expertos y académicos, elaboramos propuestas técnicas y construimos alianzas con tomadores de decisiones para contar con nuevas sanciones a la corrupción.

Sin embargo, nos encontramos con resistencia a las medidas más importantes para evitar nuevos casos de corrupción abandonados en la impunidad, pero gracias al trabajo coordinado y presión ciudadana logramos algo inédito: penas más altas para los delitos de corrupción y una adecuación de nuestro Código Penal para perseguirlos efectivamente, incluyendo las figuras de cohecho en razón del cargo y la delación compensada.